viernes, 20 de abril de 2018

Bibliografía - Pensión de viudedad y unión por el rito gitano


Pensión de viudedad y unión por el rito gitano
Yolanda CANO GALÁN, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Diario La Ley, Nº 9182, 20 de Abril de 2018
Se anula la pensión concedida a la viuda casada por el rito gitano desde hace 40 años y con 5 hijos. No es posible equiparar este supuesto al fallado por el TEDH en el asunto Muñoz Díaz, pues aquí no se aprecia buena fe en los contrayentes. En el libro de familia aparecían como "solteros", y en los certificados de nacimiento de los hijos como "extramatrimoniales". Por el hecho de ser gitanos no pueden ser eximidos de los requisitos formales de inscripción registral o escritura notarial de la pareja. No hay discriminación racial alguna.

Jurisprudencia - Demanda contra los operadores de Internet para bloquear una web sin necesidad de demandar al infractor de los derechos de propiedad intelectual


Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 115/2018 de 20 Feb. 2018, Rec. 69/2017: Propiedad intelectual. Acción de cesación de actividad ilícita formulada contra Orange, Telefónica y Vodafone en su condición de intermediarios de servicios de internet. Estimación. Requisito de procedibilidad. No es necesario demandar directamente al infractor, basta con que quede acreditada suficientemente la existencia de un comportamiento infractor. Juicio de proporcionalidad. La medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones de derechos de autor cometidas. Bloqueo de acceso a la web infractora.
Ponente: Fernández Seijo, José María.
Nº de Sentencia: 115/2018
Nº de Recurso: 69/2017
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9182, 20 de Abril de 2018
ECLI: ES:APB:2018:1317
[Texto sentencia]

DOUE de 20.4.2018


-Decisión (UE) 2018/600 del Consejo, de 10 de octubre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Véanse la dos siguientes referencias de esta entrada.
-Decisión (UE) 2018/601 del Consejo, de 16 de abril de 2018, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Nota: Mediante este acto se aprueba el Acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Véase la siguiente referencia de esta entrada.
-Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.

jueves, 19 de abril de 2018

Jurisprudencia - Adquisición de la nacionalidad española por residencia y cómputo del tiempo de residencia en los casos de asilo o refugio


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 1 marzo 2018, Rec. 697/2016: Adquisición de la nacionalidad española por residencia. Cómputo del tiempo de residencia en los casos de asilo o refugio. El plazo de residencia legal de dos años debe cumplirse de forma inmediatamente anterior a la solicitud, por lo que no puede atenderse, para completarlo, al plazo posterior a la solicitud que también aparece cubierto por permisos de residencia y que haya transcurrido durante la tramitación del expediente, incluida su impugnación ya sea en vía administrativa o judicial, y todo ello sin perjuicio de que el recurrente esté ya en disposición de formular una nueva solicitud. De acuerdo con el art. 36.1 c) de la Ley 12/2009 del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, es la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria la que determina la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el marco de la normativa de extranjería no es lo mismo autorización de permanencia que de residencia y mientras se tramita el asilo estamos ante una simple autorización de permanencia provisional. El computo del plazo de residencia legal a efectos de la concesión de nacionalidad por residencia ha de retrotraerse al momento de la solicitud del asilo (art. 57.3 de la LRJ-PAC, actual art. 39.3 de la LPAC): podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Ponente: García García-Blanco, Isabel.
Nº de Recurso: 697/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Fuente: Otrosi .net - Penal.
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 689/2018 - ECLI: ES:AN:2018:689]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.4.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 19 de abril de 2018, en el asunto C‑565/16 (Saponaro y Xylina): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se presenta una solicitud de autorización judicial para repudiar una herencia por cuenta de un menor — Competencia en materia parental — Prórroga de la competencia — Artículo 12, apartado 3, letra b) — Aceptación de la competencia — Requisitos.
Fallo del Tribunal:
"En una situación como la del litigio principal, en la que los progenitores de un menor, que residen de forma habitual con este en un Estado miembro, han presentado en nombre de ese menor una solicitud de autorización para repudiar una herencia ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, el artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que:
– la presentación de una solicitud de forma conjunta por parte de los progenitores del menor ante el órgano jurisdiccional de su elección constituye una aceptación inequívoca de dicho órgano jurisdiccional por parte de estos;
– un fiscal que, según el Derecho nacional, es parte de pleno derecho en el procedimiento iniciado por los progenitores constituye una «parte en el procedimiento» en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento n.º 2201/2003. La oposición expresada por esa parte respecto a la elección del órgano jurisdiccional efectuada por los progenitores del menor después del momento en que se presentó el asunto ante el órgano jurisdiccional impide que pueda considerarse aceptada la prórroga de la competencia por todas las partes en el procedimiento en ese momento. A falta de tal oposición, puede considerarse que el consentimiento de dicha parte es implícito y que concurre el requisito de aceptación de la prórroga de la competencia de forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano jurisdiccional, y
– la circunstancia de que la residencia del causante en el momento de su fallecimiento, su patrimonio, objeto de la sucesión, y el pasivo de la herencia estuvieran situados en el Estado miembro del órgano jurisdiccional elegido permite considerar, a falta de elementos que demuestren que la prórroga de la competencia podría incidir negativamente sobre la situación del menor, que tal prórroga de la competencia responde al interés superior del menor."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 19 de abril de 2018, en el asunto C‑123/17 (Yön): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania)] Procedimiento de decisión prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.º 2/76 — Artículo 7 — Cláusula de standstill — Nuevas restricciones de los requisitos de acceso al empleo — Reagrupación familiar — Protocolo Adicional — Artículo 59 — Justificación — Razones imperiosas de interés general.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"– La legalidad de las nuevas restricciones a la libertad de circulación de trabajadores introducidas por un Estado miembro entre el momento de entrada en vigor de la Decisión n.º 2/76 del Consejo de Asociación CEE-Turquía y el de entrada en vigor de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe valorarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión n.º 2/76.
– La introducción de un requisito de visado para la cónyuge de un trabajador turco que pretende reunirse con ese trabajador a efectos de reagrupación familiar no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Decisión n.º 2/76.
– Las nuevas restricciones de los requisitos de acceso al empleo para los trabajadores turcos, en el sentido del artículo 7 de la Decisión n.º 2/76, pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general, como la gestión eficaz de las corrientes migratorias. Cualquier restricción debe ser adecuada para lograr el objetivo legítimo perseguido y rebasar lo necesario para alcanzarlo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si esto sucede en el caso de autos."

Jurisprudencia - Presupuestos para la aplicación de la Ley sobre el juego a las actividades de juego transfronterizas


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 112/2018 de 29 Ene. 2018, Rec. 783/2017: Interés casacional. Juegos de azar. Actividades de juego transfronterizas. Ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de regulación del juego: interpretación de su art. 2.1 d). Inclusión de las actividades realizadas por operadores radicados fuera de España, que organicen y ofrezcan actividades de juegos a residentes en España mediante dispositivos o aplicaciones electrónicas a los que se conecten a través de una dirección IP asignada a la red de internet española. No requiere la existencia de un establecimiento propio o de una estructura organizativa que evidencie o refleje su presencia en el mercado español. Es suficiente que usuarios residentes en España puedan acceder a plataformas o dispositivos electrónicos, informáticos o telemáticos diseñados para facilitar la participación on-line de los jugadores. Obligación de dichos operadores de disponer del título habilitante correspondiente y de cumplir todas las medidas destinadas a proteger a los clientes.
Ponente: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel.
Nº de Sentencia: 112/2018
Nº de Recurso: 783/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9181, Sección Jurisprudencia, 19 de Abril de 2018
ECLI: ES:TS:2018:196

BOE de 19.4.2018


Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020.
Nota: En este Plan Estratégico cabe destacar el objetivo estratégico núm. 9, destinado a mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social, economía irregular y extranjería. Igualmente, el objetivo núm. 10, por el que se pretende mejorar la lucha contra el fraude transnacional y reforzar la cooperación internacional en materia de inspección. En este último, la línea 92 se refiere a los desplazamientos transnacionales de trabajadores.
Por su parte, en el Anexo (Informe de Evaluación del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social 2012-2017), en su apartado III (Análisis general de las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), en su sección dedicada a las medidas adoptadas en la tercera parte del periodo (2016-2017) como continuación del plan de lucha contra el fraude, se contiene un núm. 5, dedicado a la plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.

martes, 17 de abril de 2018

Jurisprudencia - Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 22 marzo 2018, Rec. 10484/2017: Condena de cuatro acusados, dos de ellos por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y prostitución coactiva, en concurso medial, y los otros dos por delito de trata de seres humanos. Requisitos del delito de trata de seres humanos y su relación concursal con los delitos de inmigración ilegal y prostitución. Problemas que se suscita. La tipicidad de la conducta consistente en colaborar desde el extranjero con el principal acusado, que reside en España y planifica y dirige desde el territorio español los delitos que se perpetran con respecto a la víctima nigeriana. La realización de las gestiones desde Francia para enviar a España a la mujer nigeriana víctima del delito constituye una conducta específicamente tipificada en el art. 177 bis del C. Penal: traslado de la víctima desde el extranjero "con destino a España", y compete su enjuiciamiento a la jurisdicción española. La conspiración pertenece a una fase del iter criminis anterior a la ejecución, por lo que tiene naturaleza de acto preparatorio, y se ubica entre la ideación impune y las formas imperfectas de ejecución, como una especie de coautoría anticipada que determinados autores desplazan hacia el área de la incriminación excepcional de algunas resoluciones manifestadas, pero que, en todo caso, se caracteriza por la conjunción del pactum scaeleris o concierto previo. La resolución de ejecución del delito ha de ser firme, seria, real y definitiva, según reiterada jurisprudencia de esta Sala.
Ponente: Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo.
Nº de Recurso: 10484/2017
Jurisdicción: PENAL
Fuente: Otrosi .net - Penal.
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1020/2018 - ECLI: ES:TS:2018:1020]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.4.2018)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de abril de 2018, en los asuntos acumulados C‑316/16 (B) y C‑424/16 (Vomero): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Protección reforzada contra la expulsión — Requisitos — Derecho de residencia permanente — Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se trate — Período de estancia en prisión — Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años — Relación con el examen global del vínculo de integración — Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado 2, de dicha Directiva.
2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores» que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.
3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores», en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial."

DOUE de 17.4.2018


-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/578 de la Comisión, de 13 de abril de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.
Nota: Mediante la presente norma se sustituye el anexo II (lista de los participantes en el sistema de certificación del proceso de Kimberley y de sus autoridades competentes debidamente designadas) del Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002.
-Corrección de errores del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la expedición de visados, firmado en Bruselas el 27 de junio de 2012.
Nota: Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova, así como la entrada de este blog del día 20.6.2013.

lunes, 16 de abril de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asuntos acumulados C-398/16 y C-399/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de febrero de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Procedimiento prejudicial — Artículos 49 TFUE y 54 TFUE — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Ventajas vinculadas a la constitución de una unidad fiscal única — Exclusión de los grupos transfronterizos)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.2.2018.
-Asunto C-132/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 21 de febrero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 2010/13/UE — Definiciones — Concepto de «servicio de comunicación audiovisual» — Ámbito de aplicación — Cadena de vídeos promocionales de modelos de turismos nuevos disponible en YouTube)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.1.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-658/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) el 24 de noviembre de 2017 — WB.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, letra b), en relación con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo en el sentido de que la expedición del certificado relativo a una resolución en materia sucesoria, cuyo formulario se establece en el anexo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento n.o 650/2012, es admisible también respecto de las resoluciones que confirman la cualidad de heredero, pero no gozan (siquiera parcialmente) de fuerza ejecutiva?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario con arreglo a una solicitud no contenciosa de todas las partes en el procedimiento de certificación, que surte los efectos de un auto judicial definitivo sobre adquisición de la herencia —como es la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario polaco—, constituye una resolución en el sentido de este precepto?
Y como consecuencia de ello,
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que el notario autorizante de este tipo de escritura de declaración de herederos debe ser reconocido como tribunal en el sentido del último precepto citado?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la comunicación notificada por el Estado miembro de conformidad con el artículo 79 del Reglamento tiene valor informativo y no es un requisito para reconocer al profesional del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerce funciones jurisdiccionales como tribunal en el sentido del artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento, en caso de que cumpla los requisitos resultantes del último precepto citado?
4) En caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales primera, segunda o tercera:
¿Debe interpretarse el artículo 3 apartado 1, letra i), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que el reconocimiento de un instrumento nacional de procedimiento que confirma la cualidad de heredero, como es la escritura de declaración de herederos, supone una resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.o 650/2012, excluyendo su reconocimiento como documento público?
5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial:
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra i), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario de conformidad con una solicitud no contenciosa de todos los intervinientes en el procedimiento sucesorio —como es la escritura de declaración de herederos autorizada por el notario polaco— constituye un documento público en el sentido de este precepto?"
-Asunto C-129/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 19 de febrero de 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Es un «descendiente directo» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38 el menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano o ciudadanos de la Unión con arreglo a la institución de la kafala o a una disposición equivalente prevista en la legislación de su país de origen?
2) ¿Pueden interpretarse otras disposiciones de la Directiva 2004/38, en particular sus artículos 27 y 35, en el sentido de que puede denegarse la entrada de tales menores en el territorio si son víctimas de explotación, abusos o tráfico de seres humanos o están expuestos a ese riesgo?
3) ¿Está facultado un Estado miembro a investigar, antes de reconocer a un menor que no es descendiente consanguíneo de un nacional del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») como descendiente directo con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/38, si el procedimiento mediante el que se otorgó la tutela o custodia del menor a dicho nacional del EEE tuvo en cuenta suficientemente el interés superior del menor?"

BOE de 16.4.2018


-Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2018, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español.
Nota: Mediante esta Resolución se corrigen errores de la Resolución de 23 de marzo de 2018. Véase la entrada de este blog del día 2.4.2018.
-Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios.
Nota: Cabe destacar que en el Anexo II.B (Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros de personas), segundo párrafo, se establece lo iguiente:
"Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros."
Por su parte, en el segundo párrafo del Anexo II.C (Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles) se establece:
"Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros."

domingo, 15 de abril de 2018

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de aparecer la obra "Viajes combinados y servicios de viaje vinculados [Directiva (UE) 2015/2302]. Cuestiones de Ley Aplicable", de la que es autora Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor y que ha sido publicada por la Editorial Reus.

En el presente trabajo se aborda el estudio de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, lo que configura un enfoque totalmente novedoso e inexplorado hasta el momento. La monografía implica un análisis del iter contractual de los viajes combinados y servicios de viaje vinculados, esto es, la fase previa, en todo lo referente a la información precontractual; la fase de contratación y ejecución del contrato; y tras la celebración del contrato, prestando especial atención a la regulación de la responsabilidad por la ejecución del viaje combinado y a la regulación de la protección del viajero frente a la insolvencia del empresario. Para ello se da un enfoque original de trabajo: se analiza el derecho sustantivo armonizado en la nueva Directiva, pero también del derecho conflictual aplicable a los contratos de viajes combinados y servicios de viaje vinculados, para demostrar la existencia de un desequilibrio de intereses en favor del viajero y del contratante de servicios de viajes vinculados, en detrimento de los organizadores y minoristas. De interés para juristas especializados en el sector turístico, así como para operadores del sector que precisan conocer el ordenamiento jurídico aplicable a sus operaciones de mercado.

Extracto del índice de la obra:
I. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SIGLO XXI: UN NUEVO CONTEXTO

II. UNA NUEVA REGULACIÓN: LA DIRECTIVA (UE) 2015/2302
2.1. Ámbito de aplicación espacial
2.2. Ámbito de aplicación subjetivo: empresarios turísticos y viajeros
2.3. Ámbito de aplicación material de la Directiva: viajes combinados y servicios de viaje vinculados
2.4. Derecho sustantivo armonizado: Directiva de armonización máxima
2.5. La transposición de la Directiva 2015/2302 en los Estados Miembros. Especial referencia a España
2.6. Relación de la Directiva 2015/2302 con otras disposiciones legales

III. DERECHO CONFLICTUAL PRESENTE EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
3.1. El Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I)
3.2. ¿Aplicación de la normativa de consumo?
3.3. Cuestiones incluidas en el ámbito de la ley aplicable

IV. LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
4.1. Condiciones subjetivas previstas en la Directiva 2015/2302
4.2. Condiciones objetivas de aplicabilidad previstas en el Reglamento Roma I
4.3. La Ley aplicable al contrato de viaje combinado
4.4. La celebración del contrato de viaje combinado

V. DERECHO CONFLICTUAL PRESENTE EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
5.1. La Ley aplicable en la contratación de servicios de viaje vinculados
5.2. Responsabilidad del empresario que facilita servicios de viaje vinculados

VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA INSOLVENCIA EN LOS VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
6.1. Protección de los viajeros frente a la insolvencia de los empresarios (organizadores o minoristas) de viajes combinados
6.2. Protección de los viajeros frente a la insolvencia en la contratación de servicios de viaje vinculados
6.3. Derecho conflictual presente en el régimen jurídico de Protección frente a la insolvencia
6.4. Límite de la garantía
6.5. Reconocimiento mutuo de la protección frente a la insolvencia y cooperación administrativa

VII. A MODO DE REFLEXIÓN, ¿LOGRA LA DIRECTIVA 2015/2302 EL EQUILIBRIO ENTRE LOS OPERADORES TURÍSTICOS?
7.1. Intereses presentes en la Directiva
7.2. Equilibrio de intereses en el derecho material armonizado
7.3. Equilibrio de intereses en el derecho conflictual
7.4. Medidas correctoras del desequilibrio de intereses entre empresarios y viajeros

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Ficha:
S. Feliu Álvarez de Sotomayor
"Viajes combinados y servicios de viaje vinculados [Directiva (UE) 2015/2302]. Cuestiones de Ley Aplicable"
Editorial Reus, Madrid, abril 2018
248 págs. - 25 €
ISBN: 978-84-290-2041-0

Revista de revistas (8 a 15 abril)


-Civitas. Revista Española de Derecho Europeo: núm. 65 (2018).
-European Journal of Migration and Law: 2018, núm. 1.
-Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly: 2018, núm. 1.
-Revista de Derecho Mercantil: núm. 307 (2018).

sábado, 14 de abril de 2018

BOE de 14.4.2018


Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
Nota: Mediante esta norma se incorporan al Derecho español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (véase la entrada de este blog del día 20.3.2014), así como la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (véase la entrada de este blog del día 20.9.2017).
Para ello, modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Entre las principales reformas con incidencia en el DIPr cabe destacar las siguientes:
-Nuevo art. 31 ter, que reglamenta la accesibilidad para personas con discapacidad. Su núm. 2 establece que "en aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho, las entidades autorizadas establecidas en España que produzcan ejemplares en formato accesible de obras para uso exclusivo de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, podrán llevar a cabo los actos del apartado anterior, de la forma referida en el mismo, para uso exclusivo de dichos beneficiarios o de una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en España podrán conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea".
-El art. 151, que reglamenta los requisitos de las entidades de gestión sin establecimiento en España.
-El capítulo IV, sección 2ª, arts. 170 y ss., en los que se regula el régimen jurídico de las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales.
-Capítulo V, sección 2ª, arts. 179 y ss., que se ocupan del régimen jurídico de la gestión de los derechos recaudados por autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales.
-Art. 195, núm. 6, párrafo tercero, en el que se establece que "cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período máximo de un año".
-La DA 2ª, que regula el intercambio de información entre autoridades competentes europeas.

Por su parte, la DA 4ª de este Real Decreto-ley de 2018 se ocupa del tema de las comunicaciones de inicio de actividad de entidades de gestión con establecimiento fuera de España y de operadores de gestión independientes.

Con todo, la modificación más importante se produce al darse nueva redacción a los preceptos del libro cuarto ("Del ámbito de aplicación de la ley") -antiguos arts. 163 a 167, que pasan a ser los nuevos arts. 199 a 203-, que contienen las normas que determinan el ámbito de aplicación personal (a qué personas situadas en qué territorio) de la LPI. Estos preceptos se complementan con la norma de conflicto unilateral del art. 10.4 CCiv, de manera que la conjunción de ambos preceptos establece el ámbito de aplicación de la LPI.
"Artículo 199. Autores.
1. Se protegerán, con arreglo a esta ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
Gozarán, asimismo, de estos derechos:
a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España.
b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos.
2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan reglamentariamente.
3. En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra sin que en ningún caso pueda exceder del previsto en esta ley para las obras de los autores.
5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad.

Artículo 200. Artistas intérpretes o ejecutantes.
1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta ley a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cualquiera que sea el lugar de su interpretación o ejecución, así como los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando tengan su residencia habitual en España.
b) Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español.
c) Cuando la interpretación o ejecución sea grabada en un fonograma o en un soporte audiovisual protegidos conforme a lo dispuesto en esta ley.
d) Cuando la interpretación o ejecución, aunque no haya sido grabada, se incorpore a una emisión de radiodifusión protegida conforme a lo dispuesto en esta ley.
3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Artículo 201. Productores, realizadores de meras fotografías y editores.
1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, los realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el artículo 129 serán protegidos con arreglo a esta ley en los siguientes casos:
a) Cuando sean ciudadanos españoles o empresas domiciliadas en España, así como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea o empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
b) Cuando sean nacionales de terceros países y publiquen en España por primera vez o, dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país, las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras o publicaciones de españoles en supuestos análogos.
2. En todo caso, los titulares a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el artículo 129, cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en los artículos anteriormente mencionados.

Artículo 202. Entidades de radiodifusión.
1. Las entidades de radiodifusión domiciliadas en España, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, disfrutarán respecto de sus emisiones y transmisiones de la protección establecida en esta ley.
2. En todo caso, las entidades de radiodifusión domiciliadas en terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte.
3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Artículo 203. Beneficiarios de la protección del derecho “sui generis”.
1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Unión Europea.
2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro."
Finalmente, el Real Decreto-ley modifica en su DF 1ª el art. 32.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La razón de esta modificación estriba en que, según la exposición de motivos de la norma, de no aclararse la redacción referida a las prórrogas de las licencias de exportación de los bienes muebles con carácter de urgencia, podría producirse un incremento de salidas definitivas del territorio español de esos bienes culturales importados, cuyos propietarios, estando cercano el vencimiento del plazo de 20 años, no quieran verlos sometidos al régimen general de la ley o simplemente prefieran tener la seguridad de que podrán volverlos a enajenar en un precio y en un contexto de mercado internacional. De este modo, el art. 32.2 de la LPHE pasa a tener la siguiente redacción:
"Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Antes de que finalice el plazo de diez años los poseedores de dichos bienes podrán solicitar de la Administración del Estado prorrogar esta situación, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor y oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Las prórrogas del régimen especial de la importación regulado en este artículo se concederán tantas veces como sean solicitadas, en los mismos términos y con idénticos requisitos que la primera prórroga.
Por el contrario, si los poseedores de dichos bienes no solicitan, en tiempo y forma, prorrogar el régimen de importación, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley."
Este Real Decreto-ley entrará en vigor mañana (DF 6ª).

viernes, 13 de abril de 2018

BOE de 13.4.2018


Resolución de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 22, por la que acuerda suspender la inscripción de una escritura de compraventa.
Nota: El tema objeto de esta resolución tiene su origen en una escritura autorizada por notario en agosto de 2017 por la que tres ciudadanas de nacionalidad española vendieron a dos ciudadanos de nacionalidad china una vivienda en Barcelona. En la escritura se hizo constar que los compradores están casados entre sí en el régimen establecido en la legislación de China y que compraron en un 80 % la esposa y en el 20 % restante el esposo.
Presentada la escritura al Registro de la Propiedad, la registradora suspendió la inscripción porque, a su juicio, siendo el régimen legal chino el de comunidad y comprar la finca transmitida con carácter privativo en la proporción indicada, debía acreditarse que conforme al Derecho de China los cónyuges pueden adquirir bienes inmuebles por cuotas privativas con su simple manifestación o con el consentimiento del consorte. El notario alegó que la calificación incurría en el error de afirmar que en la escritura de compraventa los mencionados cónyuges compraban la finca «con carácter privativo», cuando en realidad lo que se expresa es que los compradores compraban en determinada proporción, y, por tanto era aplicable el art. 92 RH, de modo que deberá practicarse la inscripción de la adquisición de cada cónyuge «con sujeción al régimen matrimonial de la legislación china».

En las Resoluciones de 25.7.2017 y 31.8.2017, la DGRN ha afirmado que «(…) tanto registradores de la Propiedad como notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen económico-matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida (…)».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva exige que la determinación de la titularidad debe quedar reflejada en los asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por la existencia convencional o legal de un régimen económico-matrimonial que determina el ejercicio y extensión del derecho. Para que dichas circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico-matrimonial aplicable al titular registral.
Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva. De un lado, el art. 159 RN no hace distinción alguna, por lo que el autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho precepto, testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto (véase Resolución de 15.6.2009). De otro, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (art. 12.6 CCiv) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así aunque el notario desconozca el contenido de la ley material extranjera reflejará debidamente en la comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la legislación extranjera aplicable.
Tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen económico-matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de publicar una situación jurídica cierta no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para la jurisprudencia y para la DGRN. A esta dificultad pretende dar respuesta el art. 92 RH. Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad (art. 51.6ª RH), y aunque, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien según la determinación de dicho régimen, tal y como preceptúa el art. 51.9ª.a) RH, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico-matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial (art. 92 RH). En efecto, teniendo en cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico-matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante en el momento de la disposición del bien será el régimen aplicable en tal preciso momento, y no el régimen vigente en el de la adquisición, este Centro Directivo primero y el art. 92 RH después (desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción («con indicación de éste, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario), difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial». Por lo demás, esta norma no necesita mayor aclaración en los casos en que, como ocurre respecto del presente expediente, los dos cónyuges extranjeros tengan la misma nacionalidad, pues su régimen económico-matrimonial, a falta de pacto será el régimen legal supletorio correspondiente a su ley nacional común (art. 9.2 CCiv).
Según la DGRN (Resoluciones de 19.12.2003, 10.1.2004, 4.2.2004, 12.2.2004 y 31.8.2017, entre otras) la aplicación del art. 92 RH no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico-matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al art. 54 RH.
En el presente caso, la registradora reconoce en su calificación que el régimen económico-matrimonial legal chino es de comunidad, si bien, por entender que la adquisición se realiza por los cónyuges con carácter privativo, exige que se acredite que ser puede realizar dicha adquisición en el Derecho chino. Lo que ocurre es que, como aduce el recurrente, resulta inequívocamente de la escritura calificada que los adquirentes no atribuyen tal carácter privativo a sus respectivas cuotas adquiridas, por lo que ningún obstáculo existe para inscribirlas a nombre de cada uno de los cónyuges con sujeción a su régimen matrimonial, de modo que será en el ulterior momento de su enajenación -voluntaria o forzosa- cuando habría que acreditar si conforme al Derecho chino puede la misma realizarse sin consentimiento de ambos consortes.
Cabe menciona también lo alejado de ambas tradiciones jurídicas, española y china. La normativa relevante (Ley de Matrimonio de la República Popular China de 1980 modificada, de acuerdo con la «Decisión sobre Enmiendas de la Ley de Matrimonio de la República Popular China», de 2001) en su art. 19 permite cierto margen de acuerdo a los cónyuges acerca de la forma de tenencia de los bienes comunes. Sin embargo, ello es teniendo en cuenta las peculiaridades de aquel Derecho, en el que el concepto de titularidad dominical privada no tiene igual alcance ni puede ser trasladable al Derecho español. En efecto, la protección legal de los bienes privados en la República Popular China lo es por igual que los estatales y colectivos, dejado a salvo que «la propiedad pública es la base de la economía de mercado», definiéndose los patrimonios personales desde 2007, reconocidos ya por ley, en cuanto integrados por ingresos, bienes inmuebles, inversiones y otros activos. Por ello, han de tenerse muy presente las normas del foro en sede registral (arts. 10.1 y 12.1 y 3 CCiv), máxime cuando la compraventa y su efecto traslativo del dominio tiene lugar en España, sobre un bien situado en España y entre residentes en España.
Por tanto, cabe concluir que no puede confirmarse una interpretación como la mantenida en la calificación impugnada en cuanto haría inaplicable injustificadamente una norma como la del art. 92 RH en un caso como el presente, en el cual cobra todo su sentido a fin de permitir el tráfico jurídico con unas garantías suficientes, permitiendo que la inscripción se practique a favor del cónyuge comprador de la cuota respectiva, con sujeción a su régimen matrimonial de comunidad.

Por todo lo anterior, la DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación de la registradora.